Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) exigió medida de coerción consistente en prisión contra la jueza Awilda Reyes y el exjuez Francisco Arias Valera. Ambos están acusados de actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. En su solicitud el organismo alegó peligro de fuga de los inculpados.
Arias Valera, ex miembro del Consejo del Poder Judicial, y Awilda Reyes están imputados de formar parte de una red que se dedicaba a vender sentencias.
La solicitud será conocida mañana miércoles en la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional. La audiencia, pautada para las 12:00 del mediodía, la llevará el magistrado Ramón Horacio, juez de instrucción especial.
Horacio fue designado por el magistrado Julio Canó Alfau, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
De acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, la suspendida magistrada Reyes le reveló que recibió dinero para ordenar la libertad del regidor de Pedro Brand, Erison de los Santos Solis, acusado de sicariato, e igualmente para devolver un avión incautado y 30 millones de dólares.
También que le dijo que había actuado por órdenes de Arias Valera y de superiores, los cuales no identificó, pero que posteriormente Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana, con quien también habló, dijo que esas “órdenes superiores” fueron dadas por el exprocurador Radhamés Jiménez Peña.
